Derecho Constitucional

La Acción Extraordinaria de Protección es una garantía jurisdiccional de carácter especial y único. Procede contra sentencias ejecutoriadas, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia cuando, en una decisión judicial, se han vulnerado derechos constitucionales o garantías del debido proceso.

Es una garantía jurisdiccional para amparar derechos constitucionales frente a actos u omisiones de autoridades públicas no judiciales, políticas públicas o, en ciertos casos, particulares, siempre que no exista otra vía adecuada y eficaz. Analizamos si su situación reúne esos requisitos antes de presentarla.

Son medidas que buscan evitar o hacer cesar una violación de derechos cuando esta es inminente o está ocurriendo. Pueden solicitarse de forma independiente o junto con otra garantía jurisdiccional, y su utilidad depende de la urgencia y de los hechos del caso.

Lo ideal es consultar antes de que el riesgo se convierta en un conflicto. Si el problema ya existe, revisamos el caso de inmediato para definir cómo mitigar su impacto y evitar que se propague.

Depende de los hechos, la complejidad, la autoridad competente y las etapas necesarias. Después de una primera revisión explicamos el alcance propuesto, los honorarios estimados y los factores que inciden en los tiempos.